Unos 1.200 inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) realizaron ayer allanamientos simultáneos en las sedes de las principales firmas cerealeras multinacionales y en otras empresas vinculadas, informó el organismo. Estos operativos se realizaron a pedido de la Justicia, en una causa por presunta evasión por alrededor de 310 millones de pesos en operaciones de compraventa de granos en negro, a través de una presunta “asociación ilícita fiscal”.
La Afip confirmó a través de un comunicado que la Justicia libró 165 órdenes de allanamiento que habilitaron el megaprocedimiento. Los allanamientos en esas compañías se realizaron por orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 - Secretaría Nº 3 de San Isidro.
En las maniobras investigadas se habrían evadido alrededor de $ 310 millones en operaciones de compraventa en negro de los principales cereales y oleaginosas entre las cuales figuraría Cargill, Grobocopatel Hermanos, Lidera, Molinos Cañuelas, y Vicentín, entre otras. Los procedimientos se realizaron principalmente en Capital Federal y el Gran Buenos Aires (77 casos) y en las provincias de Santa Fe (39) y Córdoba (30). En el interior provincial se contó con el apoyo de Gendarmería y se registraron oficinas de Aceitera General Deheza y en Tancacha en la planta de Bunge, según trascendidos. También se inspeccionaron cinco domicilios en Tucumán; cuatro en la provincia de Buenos Aires; dos, respectivamente, en Santiago del Estero, San Luis y Mendoza; y uno en Entre Ríos, Catamarca y Chubut.
La Afip precisó que se encuentran involucradas en las maniobras unas 200 personas físicas o jurídicas, entre las que se destacan empresas mixtas, empresas fantasma, grandes cerealeras, bolseros, escribanos, contadores y testaferros. El caso de evasión es el segundo descubierto en este mes, luego de la asociación ilícita tributaria detectado en la ciudad bonaerense de Necochea, destinada a sortear el pago de impuestos en la comercialización de soja y maíz, que dio lugar a una denuncia penal del organismo y a la detención de cinco personas.
En ambos casos, una extensa red económica de productores operaba sin exteriorizar sus ventas al fisco y evadía así el pago de los tributos correspondientes.
Los agricultores involucrados vendían en negro sus granos a distintas empresas intermediarias constituidas por las asociaciones ilícitas investigadas, las cuales atribuían las compras realizadas a diversos proveedores apócrifos. Tales asociaciones compraban los granos sin registrar a los agricultores y lo blanquean incorporando la mercadería tanto al movimiento físico como al circuito financiero, para luego colocarla en el mercado, generalmente vendiéndola a exportadoras de gran relevancia. Marcelo Quintiliani, abogado del organismo, explicó que en los procedimientos se busca “facturación, documentación, agenda», para tratar de «determinar desde cuando se comete el ilícito”.
